La Justicia Federal se prepara para una serie de juicios inéditos contra los “barones del oro”, acusados de liderar un esquema que movilizó más de R$10 mil millones y drenó cerca de 20 tonnes de mineral clandestino extraído de la Amazonía. La red global desmantelada por la Polícia Federal conectó el despojo en tierras indígenas y unidades de conservación en el norte de Brasil con las bóvedas de refinerías en Suiza y el polo joyero de Arezzo, en Italia, según documentos obtenidos en exclusiva por O Globo.
El equipo de O Globo viajó a Manaus, epicentro de las investigaciones, para entender cómo las autoridades reconstruyeron la “ruta del oro” desde la Amazonía hasta Estados Unidos, Europa y Medio Oriente, logrando reunir todo el acervo de pruebas acumulado por el Ministério Público Federal (MPF). A partir de las investigaciones de las operaciones Sisaque, Ricezione y Emboabas, fue posible trazar la arquitectura de un esquema único y sistémico de usurpación de bienes de la Unión y lavado de activos.
El engranaje logístico del grupo colapsó a partir de dos interceptaciones estratégicas en los patios de aeropuertos brasileños. En enero de 2020, agentes de la Polícia Federal y de la Receita Federal detuvieron en el Aeropuerto Internacional de Manaus al empresario Brubeyk Garcia Nascimento junto a los compradores estadounidenses Frank Giannuzzi y Steven Albert Bellino, cuando el trío intentaba embarcar hacia Nueva York con 35 kilos de oro bruto respaldados por facturas falsas.
Garimpo ilegal dentro de la Tierra Indígena (TI) Munduruku, en Pará
Reproducción/PF
Un año y medio después, en agosto de 2021, la PF interceptó un jet ejecutivo en el patio del Aeropuerto do Campo de Marte, en São Paulo, incautando otros 52 kilos de oro en lingotes en posesión de los pilotos Guilherme Crepaldi Silva y Muhammad Diarra Ndiaye —mineral que sería exportado por las empresas de Diego y Daniel de Mello hacia el mercado europeo—.
Barras de oro sobre una mesa, en una imagen extraída de una conversación relacionada con la negociación entre Brubeyk Garcia Nascimento y Frank Gianuzzi, en enero de 2020.
Reproducción/PF
A partir de estas dos incautaciones, la PF armó el rompecabezas de un ecosistema que operaba a través de etapas encadenadas, estructuradas para transformar el metal arrancado de tierras indígenas y unidades de conservación en una mercancía aparentemente limpia, negociada en bolsas de valores, refinerías, industrias de alta tecnología y joyerías en el exterior.
De acuerdo con las investigaciones, el primer eslabón de la cadena era la extracción depredadora y sin licencia en áreas de protección integral y territorios protegidos, como las Terras Indígenas Munduruku, Kayapó y Yanomami, además de Unidades de Conservación en Pará y Roraima. Financiada por operadores regionales como Isaac Fuhrmann Cula en el polo del Rio Tapajós, la actividad devastó el bioma con excavadoras y vertió toneladas de mercurio en los ríos para amalgamar el metal bruto.
Río contaminado por la minería ilegal en la tierra indígena Yanomami, en Roraima
Fernando Frazão/Agência Brasil/ 03/02/2023
Con la materia prima en mano, uno de los grupos investigados activaba la ingeniería del fraude para forjar un origen legal. En una de las operaciones de la PF, Sisaque, la investigación mapeó dos caminos principales: la vía de las Distribuidoras de Títulos e Valores Mobiliários (DTVMs), articulada por figuras como Dirceu Frederico Sobrinho, expresidente de la Associação Nacional do Ouro (Anoro), quien explotaba la brecha de la presunción legal de buena fe para registrar el oro ilícito como si derivara de yacimientos regulares; y la vía de los informes falsos, estructurada en Amazonas por Brubeyk Garcia Nascimento (dueño del laboratorio BAMC) en alianza con el austriaco Werner Rydl, investigados en la operación Emboabas.
El grupo emitía facturas falsas amparadas en el patrimonio ficticio de R$26 mil millones alegado por Rydl, maquillando el mineral de la selva bajo la etiqueta de “oro reciclado o chatarra”.
Barras de oro acompañadas de fichas con información sobre peso, pureza y valores, en una fotografía relacionada con las negociaciones investigadas
Reproducción/PF
Lavado en el papel, el oro era entonces preparado para cruzar el país. La logística emplea la aviación ejecutiva privada, utilizando aeródromos y hangares del sureste como centros estratégicos de acopio antes del envío al exterior, según señalan las investigaciones y la denuncia del MPF. Ya consolidado y cubierto por facturas sueltas, el producto ingresaba al sistema bancario oficial. Investigaciones como la Operación Sisaque revelaron la circulación de más de R$4 mil millones en facturas falsas a través de empresas fachada, inyectando los valores de la minería ilegal directamente en la economía formal.
La ingeniería financiera y los contratos de cambio se cerraban en Nueva York mediante negociaciones como OroReal LLC —administrada por Isaac Fuhrmann Cula—, con pagos en dólares invertidos por el Bank of America. La logística conectaba los ríos amazónicos directamente con el polo de Arezzo, en Italia, donde los lingotes eran facturados a la refinería Italpreziosi SPA, mientras otra carga del metal seguía para su custodia en las bóvedas de Loomis Schweiz AG, en Zúrich, indican los documentos.
Minería ilegal en la Tierra Indígena Kayapó en la Amazonía
Marizilda Cruppe/Greenpeace
Revelada por las operaciones Emboabas y Ricezione, la ruta internacional del oro utilizaba desde “mulas” en vuelos comerciales hacia Nueva York hasta remesas facturadas como “chatarra” hacia Italia, Suiza y Emiratos Árabes Unidos. En el extremo final, el metal de la selva reaparecía refinado en joyerías de lujo, fondos de inversión y en los microcircuitos de servidores y smartphones de Big Techs como Apple, NVIDIA y Tesla.
Para desmoronar las tesis de la defensa de que el mineral exportado provenía del reciclaje o de yacimientos autorizados, la Justicia Federal autorizó el uso de peritajes de química analítica avanzada. Análisis por espectrometría de fluorescencia de rayos X (XRF) realizados por la PF en 43 barras incautadas revelaron niveles de pureza discrepantes, variando entre 80.56% y 95.95%. Esta variación comprobó que el metal resultó de la fundición artesanal realizada en múltiples minas clandestinas no homologadas, y no de un proceso industrial de refinación.
La procuradora de la República Sofia Freitas da Silva, responsable de parte de los casos investigados, explica que las nuevas exigencias del sistema financiero forzaron un cambio radical en el modus operandi del crimen.
Barras de oro incautadas y organizadas en cuatro maletines, sometidos a pesaje. Las balanzas registran, respectivamente, 11.02 kg, 11.09 kg, 4.86 kg y 8.08 kg, totalizando 35.05 kg.
Reproducción/PF
— Hasta 2023, la ruta tradicional del oro ilícito salía del norte hacia São Paulo amparada por guías y facturas falsas —como el metal extraído en la Terra Indígena Yanomami que era maquillado como si viniera de yacimientos regulares en Itaituba (Pará) para ser exportado formalmente desde el sureste—. A partir de 2023, con el fin de la presunção legal de boa-fé en las declaraciones de origen, la obligatoriedad de la Factura Electrónica y las nuevas trabas del Banco Central contra el lavado de la minería ilegal, la estrategia cambió —afirma a O Globo.
Silva señala que en la actualidad, la red criminal pasó a drenar el metal bruto y sin ningún documento hasta Boa Vista, buscando la salida clandestina por la frontera norte (Venezuela y Guyana). Según la procuradora, incautaciones significativas en Roraima entre finales de 2024 y finales de 2025 —que sumaron lotes de 100 kg, 70 kg y 50 kg provenientes de Pará y Amazonas— confirman la consolidación de esta nueva ruta de contrabando internacional. Afirma que el oro sigue saliendo del país “por toneladas”, sin exagerar.
Barras de oro acompañadas de etiquetas con información de identificación y valores registrados en los documentos de la investigación
Reproducción/PF
Para el investigador sénior de Greenpeace, Nilo D´Avila, la mayor falla que existe hoy para el control de salida de oro en Brasil es el sistema de diligencia totalmente basado en papeles y autodeclaraciones.
— Las empresas compradoras —ya sean primarias o grandes consumidores— siempre usan la excusa de que todos los papeles y autorizaciones estaban correctos. Una reforma general en el sistema de diligencia, donde la información de los procesos se cruce con imágenes de satélite, junto a métricas para verificar operaciones anómalas (superproducción) o fantasma, es la única manera de hacer posible la fiscalización y garantizar castigos para los compradores deshonestos. Toda la información para realizar este tipo de análisis está disponible, es accesible e, increíblemente, sin costo. Lo increíble, por lo tanto, es que este tipo de análisis no se realice —afirma.
La Justicia Federal juzgará a cerca de 40 acusados investigados en las tres operaciones. Las acciones imputan a los señalados delitos de usurpación mineral, lavado de dinero, receptación agravada, organización criminal transnacional y gestión ilegal de institución financiera. Además de las penas de prisión, el MPF exige más de R$10.6 mil millones en reparaciones por usurpación patrimonial, daños ambientales, daños morales colectivos e impactos étnico-culturales en las tierras indígenas.
En una nota, Brubeyk Garcia Nascimento negó su participación en cualquier esquema de lavado de oro y afirma que actuaba como comprador de buena fe, adquiriendo el metal a precios de mercado. Argumenta que el material pasaba por un peritaje técnico acreditado por la Receita Federal y reitera que los hechos están siendo aclarados en la Justicia. Los demás acusados y las empresas extranjeras no se manifestaron hasta el cierre de este reporte. (Colaboró Jônatas Levi)
La serie “Ouro Invisível” —sobre cómo los minerales extraídos ilegalmente de la Amazonía abastecen la cadena global de tecnología y por qué nadie logra rastrearlos— cuenta con el apoyo del Instituto Prensa y Sociedad (IPYS) y de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID).